¡Pilas! La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este martes en rueda de prensa la apertura del caso 08 denominados “Crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano».
Con la apertura de esta investigación, la Sala de Reconocimiento de la JEP, tendrá la responsabilidad de esclarecer los patrones criminales y determinar las responsabilidades penales de, según cifras preliminares, los 15.710 crímenes atribuidos a la fuerza pública, los 56.502 a paramilitares y 280 a otros agentes del Estado, en territorios como el Gran Magdalena (Cesar-Guajira-Magdalena); los Montes de María; Ariari-Guayabero-Guaviare, Caguán y Florencia; Antioquia y el Magdalena Medio.
En esta ocasión, la Jurisdicción investigará conductas que no habían sido incluidas en casos abiertos con anterioridad, como lo fueron los “falsos positivos” (caso 03), la victimización de los miembros de la Unión Patriótica (caso 06), o aquellos que no están siendo investigados en los casos territoriales (02,04 y 05).
Los crímenes de lesa humanidad y de guerra abordados por este nuevo caso serán: homicidios, masacres, desaparición forzada, desplazamiento forzado, despojo, tortura, amenaza, violencia sexual y detención ilegal. Dichas dinámicas «serán abordadas como una serie de conductas vinculadas y no como hechos fragmentados… En ese sentido, investigar la desaparición forzada de manera aislada de los asesinatos selectivos, masacres y el desplazamiento forzado truncaría las posibilidades del esclarecimiento de la verdad y la identificación de ataques amplios a la población civil» señaló la JEP.
Estos hechos, y sus motivaciones estratégicas, llevaron a la JEP a establecer tres líneas de investigación como lo son: los crímenes motivados por justificaciones contrainsurgentes; los crímenes motivados por el favorecimiento de intereses económicos particulares; y los crímenes motivados por el control de la función pública en los territorios.
Así mismo, se espera avanzar, como lo menciona la Jurisdicción, de «abajo hacia arriba» y «de arriba hacia abajo» en la determinación de lo ocurrido y de las responsabilidades individuales hasta llegar a los máximos responsables.