El Resguardo Indígena de Ipiales realizó una reunión que terminó en castigos contra las mujeres, a causa de esto, Magaly Cisneros, comunera del resguardo, le pidió a la Corte Constitucional, por medio de una tutela, la erradicación de las violencias machistas en las comunidades indígenas.
Este debate fue el que llevó a que los magistrados tuvieran que estudiar y tener en cuenta la cosmogonía de los pueblos, la tradición y las leyes que existen dentro de estas comunidades. Sin embargo, también deberán contemplar que los derechos de las mujeres no pueden quedarse atrás.
Lo que pretende Cisneros con esta tutela es que se proteja la dignidad humana, la igualdad, la libre expresión, el debido proceso y la libertad de las mujeres de su comunidad, luego de que dos hombres de la comunidad la sancionaran violentamente.
Lo que hacían los hombres era pegarles latigazos a las mujeres, a causa de haber promovido una rebelión durante la designación del padre o madre, enlace con el programa Familias en Acción.
Las mujeres que asistieron a la reunión notaron que hubo fraude en las elecciones y decidieron alzar su voz para no dejar pasar las irregularidades, pero no fueron escuchadas. Frente a esto, una de las mujeres decidió romper el acta que avalaba a la nueva madre enlace y como respuesta obtuvo empujones.
Por esto, los hombres que asistieron a la reunión decidieron irse en contra del resto de las mujeres que también protestaron y les propiciaron varios latigazos. Posteriormente, fueron citadas tres indígenas para recibir un castigo adicional. “Somos sometidos por el miedo que nos provocan y con la sanción que me impusieron fue un claro mensaje para la comunidad que no tenemos la libertad de expresarnos en ningún sentido”, comentó Cisneros en la tutela.
“Cuando hablamos de que la decisión de la corte pueda intervenir en esas prácticas ancestrales, es necesario que se escuche a las mismas comunidades para identificar su ley de origen”, agregó Vivas, escritor y profesor de la Universidad de Antioquia.
Precisamente, en la tutela, Magaly Cisneros expone la corrupción dentro de su comunidad y el abuso de poder al que han estado sometidas. “El poder masculino en las comunidades no quiere dialogar con la ley de origen porque sería perder la influencia que les ha otorgado la política y la superioridad que les da el dinero o las armas”, apuntó el escritor.
Los jueces que conocieron el expediente en primera y segunda instancia afirmaron que esta acción de tutela es improcedente porque no se implementó el mecanismo idóneo sancionatorio, el cual debe basarse en “las costumbres, la Legislación indígena, la Ley Natural, el Derecho Mayor y la Jurisdicción Especial Indígena, garantizando el respeto al debido proceso”.