Se aproxima el 8 de marzo, fecha que parece dar festejo a las mujeres, pero no resulta ser así. Este día es para recordar cuando 15 mil mujeres marcharon por Nueva York y 129 trabajadoras de una fábrica estadounidense realizaron una huelga para reclamar tener los mismos derechos que sus compañeros varones. La diferencia de festejar y conmemorar, por lo que muchas hacen énfasis.
Lo que es un día para reivindicar las luchas por la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en lo laboral, termina siendo una movilización para exigir lo más básico en una democracia: el derecho a vivir.
Alrededor de 4.473 mujeres fueron asesinada en 29 países de la región, lo afirma el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal, en 2021. Lo que indica que por cada día fueron asesinaron violentamente a 12 mujeres. A la fecha no existen datos consolidados del 2022 por la Cepal.
A nivel nacional a la fecha de 2021 según Cepal se han registrado 210 muertes violentas, una tasa de 0,8 por cada 100.000 mujeres. Por otro lado, en el 2022 la Fiscalía reportó 201 víctimas, y la Fundación Feminicidios Colombia contabilizó 259.
Por esto es que, las mujeres están alzando su voz y le están pidiendo al presidente Gustavo Petro que haga la declaratoria de emergencia por la violencia de género.
En el período de 2010 a 2012, “recogimos 8.000 firmas, solicitándole a Santos que reconociera la crisis humanitaria a favor de las mujeres, de la mano con Ángela María Robledo, que era representante a la Cámara. Nos respondieron que el Presidente estaba muy ocupado con la agenda de paz”, recuerda Olga Amparo Sánchez, directora de Casa de la Mujer.
Dora Saldarriaga, constitucionalista y concejala de Estamos Listas en Medellín explica que, “para que se reconozca una crisis humanitaria de emergencia se deben cumplir tres requisitos. Primero, una violación masiva de derechos humanos; segundo, una desatención institucional de la situación, y tercero, que haya una necesidad de que se articulen las entidades públicas para la atención de la crisis”.
La solicitud de declaratoria de emergencia que presentó Pizarro propone varias alternativas: crear cuerpos élite de policías con formación en violencias basadas en género; crear unidades judiciales con enfoque de género; priorizar presupuestos y disponer todos los medios administrativos para atender los casos; instalar una mesa multidisciplinar con participación del gabinete y otras entidades del Estado para tomar medidas articuladas; activar rutas y protocolos de atención, entre otras.
“Acá hay una discusión política y jurídica en la que el Gobierno debería tomar acciones tendientes a conjurar esta grave crisis. Hemos tenido conversaciones con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y desde allí se han venido tomando medidas, teniendo en cuenta las propuestas que hicimos. Pero seguiremos insistiendo en la necesidad de la declaratoria de emergencia”, señaló la senadora del Pacto.