Fue detenido Jeremy Froias, quien es responsable por instalar una cámara dentro de los baños públicos de un crucero, tras abordarlo en Miami el pasado 29 de abril con destino a St. Maarten, San Juan y las Bahamas.
El acusado trabajó como oficial de seguridad cibernética en Kissimmee, Florida, es casado y padre de dos hijos.
La división del FBI en San Juan de Puerto Rico, abrió una investigación tras el hecho que fue presentado en una de las embarcaciones de Royal Caribbean: Harmony of the Seas, una de las más grandes del mundo.
“El asunto se informó de inmediato a las fuerzas de orden locales y federales y las autoridades sacaron al huésped involucrado del barco para una mayor investigación. Como este es un caso activo, no podemos compartir más detalles en este momento”, señaló Royal Caribbean a través de un comunicado.
Según los detalles conocidos sobre el dispositivo, esta respondía a una cámara con conexión wifi, que fue puesta en uno de los baños unisex públicos en la popa de la cubierta superior de la embarcación, una zona de alto flujo de turistas, cerca de una piscina y un bar.
El personal de seguridad hizo registro del lugar decomisando la cámara oculta, dentro de la cuál se encontró una micro sd con horas de archivos en su interior, revelando al sujeto, escondiendo y acomodando el artefacto con enfoque al inodoro.
El registro de los videos revisados revelaron más de 150 personas grabadas sin consentimiento, incluyendo 40 menores de edad, grabados total o parcialmente desnudos, hecho que vulnera la privacidad de los usuarios que hicieron uso del lugar.
Tras el arresto, Froias se declaró culpable de haber escondido la cámara y se le acusó de video por voyeurismo e intento de posesión de material de exposición infantil, además, confesó darse cuenta de que lo habían descubierto tras un intento fallido por encontrar el dispositivo.
El turista compareció ante el tribunal para una audiencia de fianza el pasado lunes en Puerto Rico; fue entregado a su esposa como custodio externo y se fijó una fianza no garantizada de US$ 25.000 bajo las condiciones de no tener contacto con ningún menor sin supervisión, incluidos sus hijos, no debe tener acceso a internet, y debe entregar su pasaporte, según muestran los registros judiciales.