Bogotá se encuentra en medio de un problema significativo en el sistema de transporte público que afecta a miles de residentes. La disputa gira en torno a la decisión de la alcaldesa Claudia López de poner fin a un acuerdo de transporte que ha estado en vigor durante más de una década, involucrando al municipio de Soacha, el Ministerio de Transporte y la Gobernación de Cundinamarca.
Este acuerdo de transporte ha sido esencial para garantizar la movilidad de los ciudadanos entre Soacha y Bogotá, y su finalización ha generado preocupaciones sobre el aumento de las tarifas de autobuses y los servicios de taxi. Hugo Ospina, uno de los líderes de los taxistas, ha anunciado un paro programado para el 25 de octubre en respuesta a la negativa de la alcaldesa de terminar con el acuerdo.
Ospina sostiene que sin este acuerdo, los conductores de taxi se verán obligados a solicitar un permiso cada vez que realicen servicios intermunicipales entre Soacha y Bogotá, lo que conlleva costos adicionales y haría que los servicios de taxi fueran inaccesibles para una parte significativa de la población de Soacha.
El aumento en los precios afectaría negativamente a los conductores de taxi, ya que miles de pasajeros viajan diariamente entre Soacha y Bogotá , y muchos de ellos dependen de los servicios de taxi para sus desplazamientos y al aparecer no hay intenciones por parte de Bogotá de entablar discusiones para preservar el acuerdo intergubernamental.
El Ministerio de Transporte ha intervenido como mediador en este conflicto y ha logrado frenar un paro de transportadores que estaba programado, al menos temporalmente. Se ha solicitado a la alcaldesa Claudia López que participe en una mesa de diálogos para garantizar el transporte de los pasajeros que utilizan estos autobuses.
La situación se mantiene incierta, ya que la fecha propuesta para la terminación del acuerdo intergubernamental es el 7 de noviembre.
Los taxistas expresan su descontento con el gobierno del presidente Gustavo Petro, especialmente en lo que respecta a los vehículos particulares que prestan servicios de transporte a través de aplicaciones de movilidad. Argumentan que estas plataformas están usurpando funciones públicas.