La presión que se ha sentido dentro de los funcionarios públicos por la construcción de la primera línea del metro no ha parado, pues la alcaldesa Claudia López se enfrentó a una difícil conversación con el presidente Gustavo Petro.
Primero, Claudia dijo que Bogotá no permitiría que cambiaran las prioridades, refiriéndose al proyecto Regiotram y la eventual modificación que buscan hacer con la primera línea elevada. Además, fue muy enfática al decir que el metro no paraba, el metro se hacía.
Por esto, el jefe de estado, respondió y dijo que se trataba del dinero de toda la nación, el cual se iba a invertir mayoritariamente en el metro. Por lo que demandaban calidad en el mismo.
En medio de esta polémica, Guillermo Torres, ministro de transporte, también habló con la alcaldesa, pues ella no está dispuesta ni a modificar el proyecto ni a afectar los tiempos que ya están previstos, los cuales se basan en entregar la primera línea elevada del metro en el 2028.
El ministro advirtió que si la mandataria de la capital, no aceptaba las propuestas del gobierno para construir la primera parte de la línea subterránea, el país podría verse afectado en otros proyectos de infraestructura. Cómo la segunda línea de este mismo.
Por lo anterior, el Gobierno de Petro decidió contratar conceptos jurídicos con Enrique Gil Botero, Jaime Orlando Santofimio y Ernesto Rengifo García.
Todos estos, coinciden en que, según la Ley 80, se permite la modificación de los contratos, incluso si estos se basan en sumas billonarias, abriendo la posibilidad de cambiar de manera unilateral el contrato del Metro en Bogotá, para lograr que la primera línea sea subterránea y no elevada, que es como está definido actualmente.
Por el momento se espera la toma de decisiones por parte de los funcionarios; sin embargo, la opinión pública ha dicho que esto podría significar un gran atraso en el proyecto, pues se contrató un metro elevado, no uno subterráneo ni mixto, lo que podría desencadenar en graves deficiencias de construcción y planeación.