Ya ha pasado un año desde que la Corte Constitucional del país tomó la decisión de despenalizar el aborto hasta la semana 24, lo equivalente a 5 meses y medio de gestación. Sin embargo, aún se evidencian limitaciones por parte del sistema de salud en la calidad de servicios públicos.
Y, aunque, son pocas las mujeres que interrumpen el embarazo hasta esa semana de gestación, aquí le explicamos cuáles son los retos todavía presentes desde aquella decisión de la corte y, el por qué la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 es una causa justa, un plazo necesario y sobre todo un derecho inherente para todas.
En Colombia, desde el 21 de febrero del 2022, con la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24, son múltiples los medios de comunicación, algunas cuentas en redes sociales “pro a la vida”, debates innecesarios y más, los que han aumentado la desinformación y la alerta disfuncional en las personas.
Que con argumentos como “interrumpir el embarazo es un cruel asesinato” y otros tantos, estigmatizan la situación de las mujeres y niñas en Colombia que buscan abortar en etapas avanzadas del embarazo.
Haciendo que sean juzgadas, y obligadas a ser madres, dejando de lado los contextos socioeconómicos y las razones por las que dichas mujeres buscan abortar, bien sea clandestinamente o por medio de un servicio médico, profesional y seguro. Pues según La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, entre el 10% y el 15% de abortos en el país se hacen en el segundo trimestre de la semana 13 a la 26. En su mayoría a menores víctimas de violación o a mujeres en la ruralidad con bajos recursos económicos.
Pese a estas cifras, el debate de la opinión médica y católica se sigue generando con comentarios de esta índole: “esa que quiere abortar es una irresponsable que no quiere responder por sus actos”. Sin importar que: Una persona gestante que llega a la semana 24 buscando interrumpir su embarazo, no lo hace por capricho o crueldad, sino por situaciones necesarias.
El Ministerio de Salud, como regulador del Sistema de Seguridad Social en Salud, debe ejercer por ley, acciones para asegurar que todas las mujeres en el territorio nacional tengan un libre y efectivo ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, tal ha sido la barrera frente al cumplimiento del derecho, que se siguen evidenciando varios casos en los que las entidades médicas, han negado o atrasado el proceso, haciendo que el límite de semanas se expida y a la mujer gestante no le quede de otra que tener al bebé o buscar una alternativa no segura que ponga en riesgo su integridad y su vida.
Por otro lado, y pese a que es un gran logro para las mujeres haber obtenido la despenalización del aborto sin restricciones hasta la semana 24 y de ahí en adelante con las tres causales vigentes, varios colectivos feministas, pro-aborto y pro-decisión, también han generado un nuevo debate, ya que la decisión de la Corte sigue dejándole al aborto la categoría de delito.
Aunque la lucha resultó siendo una victoria incompleta, porque en un principio se tenía como fin despenalizar en su totalidad el delito del aborto, aún se tiene el gran reto de romper con todas las barreras que limitan el cumplimiento de ese derecho.
Hoy, las mujeres siguen luchando para que la interrupción voluntaria del embarazo sea materializada como una realidad sin restricción en cada joven, mujer y niña de nuestro país.