La Fiscalía General de la Nación desmanteló una organización criminal que se dedicaba a la trata de personas en la ciudad de Manizales, la cual reclutaba a jóvenes de bajos recursos para ser explotadas sexualmente en Chile. La banda, conocida como el Clan Familiar, estaba liderada por Beatriz Elena Marín González, alias “Betty”, quien junto a su familia y otros cómplices, se dedicaba a captar, trasladar y explotar a mujeres en el país sudamericano.
La investigación, que duró más de dos años, permitió establecer que el modus operandi de la organización consistía en ofrecer a las jóvenes falsas promesas de empleo en Chile, recolectando toda su información personal en el proceso. Una vez en el país, eran sometidas a tratos inhumanos y explotadas sexualmente en casas de lenocinio ubicadas en diferentes ciudades de Chile.
“La red ubicaba a las víctimas en sectores marginales de la ciudad. Al parecer les tramitaban los pasaportes, les proporcionaban tiquetes aéreos para trasladarlas de Pereira a Bogotá; y, posteriormente a Chile donde les retenían los documentos y las ubicaban en casas de lenocinio en las ciudades de Osorno, Puerto Montt y Temuco”, detalló Hugo Tovar Pérez, director especializado de la Fiscalía contra las violaciones a los Derechos Humanos.
Según las autoridades, la red les fijaba una deuda de cinco millones de pesos correspondientes a los supuestos gastos en pasajes aéreos, además de cobrarles los gastos de manutención en Chile y multas si no accedían a las pretensiones de tipo sexual. Las víctimas eran encerradas en inmuebles en condiciones totalmente precarias de salubridad, en los cuales eran obligadas a sostener relaciones sexuales con hombres que las contactaban a través de dos sitios web intervenidos por las autoridades.
La fiscalía general de la Nación registró 350 audios de interceptaciones telefónicas y de redes sociales con las que se pudo establecer el modus operandi de esta red de trata de personas y su entramado criminal en la capital de Manizales. En total, 27 mujeres víctimas de esta explotación sexual entregaron su declaración a los investigadores.
En la audiencia de imputación de cargos, el fiscal de la dirección especializada contra las violaciones a los derechos humanos, Hugo Tovar Pérez, señaló que cinco integrantes de una familia tenían un rol determinado para la ejecución de actividades delictivas. Por su parte, Beatriz Elena Marín González, quien era la encargada de la captación y traslado de las víctimas, tendrá que responder por los delitos de trata de personas y lavado de activos.
Martha Yolanda Marín González, hermana de Betty, era la encargada de recoger las jóvenes en Manizales y llevarlas a Chile; igualmente, era la encargada de administrar los inmuebles donde eran recluidas las víctimas. Mientras tanto, su madre, identificada como María Lucena González Ríos, recibía los giros que se enviaban desde Chile y los distribuía entre los otros integrantes de la organización criminal con el objetivo de buscar más víctimas.
Cristian Javier Marín González, quien era hijo de Beatriz, era el encargado de la selección y traslado de las mujeres a Chile y recibir el giro de los dineros. Por último, Jorge Eliécer García Pinea, esposo de Martha Yolanda, era el encargado de recibir el dinero enviado desde Chile.