Contexto de la situación

En el municipio de San Rafael, Antioquia, en las veredas ‘Falditas’ y ‘Quebradona’, se autorizó la licencia del proyecto La PCH Churimo; una pequeña hidroeléctrica en el río Churimo; con la cual se espera producir 4.5 megavatios de energía, situación que ha generado molestia en la comunidad y defensores del medioambiente.

¿Qué se sabe sobre este proyecto?

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) le otorgó la licencia ambiental a este proyecto el 27 de septiembre de 2021; la empresa encargada es Clear Waters S.A.S. Sobre el inicio de obras, el Cornare comentó que la fase de construcción de la hidroeléctrica está próxima a comenzar.

¿Qué características tiene este proyecto? Se conoce que la hidroeléctrica no tendrá una represa y funcionará con el modelo de plantas Pelton, una turbina hidráulica.

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Amenazas de muerte

Desde noviembre de 2021, Fredy Morales, miembro de la ‘Veeduría Social Ambiental’ del municipio comenzó a recibir intimidaciones por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica. Morales cuenta que han sido tres momentos aislados, en donde desconocidos lo amenazaron. La última vez, ocurrió el 4 de enero de este año, y en esta ocasión lo obligaron a desplazarse de San Rafael.

Lo que sucedió fue lo siguiente: el martes 4, dos sujetos en una motocicleta se le acercaron y comenzaron a decirle que sabían dónde vivía, qué hacía y que tenían la orden de “quebrarlo” porque estaba incomodando y no lo querían por ahí, agregando que:

“Parcerito, usted anda moviéndose con muchas maricadas y eso a la gente no le gusta, ya lo tenemos identificado, a usted y otros más”.

Morales es reconocido en el municipio por su trabajo en la defensa del río Churimo y su postura crítica frente a la hidroeléctrica PCH Churimo. Por lo cual, comenta que, anteriormente también había sido hostigado por su trabajo; esto durante el concierto por la vida y defensa del río Churimo que se realizó el 6 de noviembre de 2021, donde un hombre se le acercó y le dijo:

“Usted es muy verraco que coordine todas estas acciones del festival del agua, a usted no lo matamos porque nos calienta el parche, pero es mejor que se cuide”

Sobre estas amenazas a Morales, Gustavo Londoño, vocero de la empresa Clear Waters S.A.S., comentó que, ni la empresa ni el proyecto, tiene nada ver con las amenazas:

“La presencia de este tipo de proyectos en el Oriente antioqueño trae progreso, desarrollo, genera empleo y energía. Lo que causa en el medio ambiente es mínimo con los beneficios que crea”

Agregó Londoño

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Los casos crecen y crecen…

Miguel Gutiérrez, miembro del colectivo ‘Somos del Río’, comentó que el pasado 11 de marzo también recibió una amenaza por defender el río Churimo. Según contó el Instituto Popular de Capacitación (IPC), a Gutiérrez le habrían escrito por WhatsApp lo siguiente:

“Se está metiendo donde no lo estamos llamando, papá. Deje quieto lo que está quieto (…) deje quieto el proyecto”

Otro caso fue la masacre de Elkin Emilio Gil Jiménez, Santiago Cobo Arcila, Santiago Guarín y Cristian Estiven Quintero Hernández el 19 de octubre de 2021, en San Rafael, Antioquia. Estos jóvenes hacían parte de un movimiento cultural ‘Nos Mueve el Río’, y el 23 de octubre de 2021 planeaban participar de una manifestación en contra de los proyectos hidroeléctricos en este lugar.

Cifras aterradoras, acciones casi nulas

El Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete) indica que en el Oriente antioqueño cuenta con la presencia de más de 15 bandas vinculadas al narcotráfico, así como grupos armados como el clan Isaza, El Mesa, la Oficina y el Clan del Golfo.

“En este contexto, vienen en aumento las agresiones contra líderes sociales y ambientales que hacen oposición a proyectos extractivistas. Tememos que sea el miedo una estrategia con la que nuevamente se quiera abrir paso la explotación minera energética en el territorio”

Comentó Movete

Además, Movete agregó que, en el 2021 se registraron 178 homicidios, 34 más que en 2020, y 57 más que en 2019. En complemento, el informe publicado por la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño del pasado 14 de febrero, señala que, el municipio de San Rafael es uno de los focos de homicidios entre 2018 y 2021.

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