Juan García Gallardo, vicepresidente de la comunidad autónoma española, anunció que desde el gobierno se ordenaría al personal médico, ofrecer tres opciones a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo. Estas son: escuchar el latido del feto, realizar una ecografía 4D o ser atendidos por un psicólogo que les brinde respaldo en la decisión.
Además de esto, el vicepresidente dijo que en su región, los profesionales de la salud que se nieguen a practicar abortos serían protegidos.
El gobierno también aseguró que se implementarían iniciativas para apoyar a las familias y a la natalidad, pues, para el vicepresidente es esencial que nazcan más niños, ya que esto es fundamental para sobrevivir, sin embargo, desde el Partido Popular han dicho que esta decisión no fue respaldada y fue una iniciativa tomada únicamente por Gallardo, quien aseguró que la interrupción del embarazo era “un drama y una tragedia social que deja huella en las mujeres”.
La decisión ha sido criticada por políticos y colectivos médicos, entre ellos el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien dijo que esto era: “machismo irredento e imposición moral del Gobierno de Gallardo”.
Andrea Fernández, Coordinadora de Igualdad del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), aseguró que esto era una ocurrencia y que el vicepresidente buscaba jugar con la integridad y salud de las mujeres, también añadió que esto le causaba dolor, en especial por aquellas mujeres que podrían sufrir traumas por políticas que no iban a suponer menos abortos.
Modificación al Código Penal
A pesar de esta decisión, es importante recordar que en el mes de abril entró en vigor la modificación del Código Penal, en el cual se imponen penas en prisión que van desde los tres meses hasta un año, para quienes presionen a las mujeres que quieren abortar a cambiar su decisión. Incluyendo a aquellas personas que acosan a las mujeres embarazadas con pancartas en frente de las clínicas abortivas.