Según la Defensoría del Pueblo, la crisis humanitaria de lo que conforma el departamento de Guaviare, hoy está traspasando problemáticas sociales con relación a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, trata de personas, violencia de género, narcotráfico, enfrentamientos entre grupos armados ilegales y formas de violencia institucional.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo entrega de un informe en el que se evidencia la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y amenaza de exterminio que atraviesan los pueblos Jiw y Nükak como consecuencia de factores asociados a la pobreza, la exclusión, despojo territorial y el conflicto armado interno que estos pueblos han vivido desde hace más de cincuenta años en sus territorios.
Hace 19 años, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-025 de 2004, pidió la protección de sus derechos e integridad, pero no ha sido así, ya que Camargo afirmó un aumento de casos de violencia sexual en el Guaviare en los últimos tres años.
En el 2020 se registraron 67 casos; en 2021 la cifra aumentó a 69 y en 2022 a 81 presuntos abusos sexuales, de los cuales 23 fueron menores de edad. Asimismo, el Instituto Nacional de Medicina Legal ha practicado 206 exámenes médico-legales a niños, niñas y adolescentes por presunto abuso sexual en el mismo periodo de tiempo.
Por causa de estos registros, el Organismo advirtió que «es posible que el número de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en la región del Guaviare tengan un alto sub registro en razón de la dificultad de acceso a medios de denuncia».
Aunque se evidencia la presencia de bases militares en el departamento y territorios de comunidades indígenas como el Resguardo Barrancón, se informa que presuntamente estos agentes militares y personal de servicios de salud, son los que presumen hechos de violencia sexual contra niñas y mujeres indígenas.