A pesar de que estos espacios implementados por el gobierno nacional permitieron la participación ciudadana a nivel territorial, no estuvieron exentos de deficiencias que dejan en entredicho su incidencia en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
En un documento de cinco páginas, la alianza Democracia en Riesgo presentó el pasado viernes 24 de marzo su última alerta sobre las limitaciones a la participación ciudadana en la formulación y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Colombia, Potencia Mundial de la Vida 2022-2026”, presentado por el gobierno de Gustavo Petro ante el Congreso de la República el 6 de febrero de este año.
En específico, el texto formulado por más de diez organizaciones de la sociedad civil, describe las falencias que identificaron en el acompañamiento del desarrollo de los Diálogos Regionales Vinculantes (DVR), espacios de participación creados por el gobierno nacional para establecer de manera conjunta con la ciudadanía las prioridades regionales que serían recogidas en la formulación del Plan, llevados a cabo entre septiembre y diciembre de 2022.
“Reconocemos que los Diálogos fueron un proceso novedoso e inédito para que la ciudadanía expresara sus opiniones desde los territorios, aportando a la formulación de una política Pública Nacional… Sin embargo, consideramos urgente alertar sobre las deficiencias de diferente orden que tuvieron estos espacios y que afectaron la calidad y la efectividad de la participación ciudadana… Los DVR no fueron espacios deliberativos y sus resultados no fueron vinculantes, lo cual implica la necesidad de una profunda revisión si serán la base de un modelo de relacionamiento entre el gobierno y la sociedad”, menciona el documento.
Las falencias
Para empezar, fueron varias las observaciones hechas por la alianza en relación con las dificultades de organización logística que afectaron los tiempos y actividades previstas en la agenda, las cuales terminaron por afectar los tiempos específicos de deliberación e incluso la asistencia de la ciudadanía. Por ejemplo, se menciona que se cambiaban sin previo aviso los lugares de encuentro por situaciones climáticas o insuficiencia de espacio, así como hubo una extensión innecesaria de actos de protocolo.
Por otra parte, se evidenciaron deficiencias en el diseño y preparación de los Diálogos, lo que terminó por afectar el propósito de los mismos. Los espacios de deliberación, según el documento, estuvieron moderados por servidores públicos que contaban con un discreto manejo de temas sensibles el Acuerdo Final de Paz, y conocimiento de la arquitectura institucional y legal.
Adicionalmente, la falta de información pedagógica llevó a que la ciudadanía presentara propuestas que no correspondían con el objetivo del espacio, y mucho menos con la construcción del PND, o que se sumó a las dificultades en la sistematización y recolección de las propuestas.
Por último, el documento también alerta sobre la falta de claridad y pedagogía acerca de la inclusión de los resultados de los DVR en la versión radicada ante el Congreso del PND. “No se aclara el criterio de priorización, las razones por las que unas iniciativas se incluyen y otras no, ni la relación entre este balance y las transformaciones y catalizadores establecidas en las bases del plan”.
Más participación vinculante e incidente
Aunque se deja en claro las falencias en el desarrollo de los DVR, las cuales generaron desconfianza e inseguridad en las organizaciones sociales y las comunidades sobre su incidencia en la construcción del PND, la alianza también presenta una serie de recomendaciones teniendo en cuenta que “los DVR pueden ser una estrategia para ampliar las rutas de planeación participativa”.
Con base en esto, entre sus recomendaciones más significativas se encuentra el rediseño de las herramientas pedagógicas y metodológicas, así como el establecimiento de mecanismos de seguimiento, control social y veeduría a los acuerdos pactados entre el gobierno nacional y la ciudadanía. Dichas recomendaciones, según la alianza, deben tenerse en cuenta en la formulación de la estrategia de Diálogo Social en el Marco de la Seguridad Humana, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo.