El pasado martes 30 de agosto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley enmarcado en la política de “Seguridad Humana y Paz Total”, una iniciativa del Gobierno Nacional, que busca ser política de Estado, además de permitir adelantar diálogos de paz con grupos al margen de la ley.
Según el documento de 12 páginas, se pretende modificar y prorrogar la Ley 418 de 1997 (la llamada Ley de Orden Público) en la que se dota al gobierno de potestades extraordinarias para poder llevar a cabo negociaciones de paz con actores armados. Algo que otros gobiernos también han hecho con anterioridad.
“La política de paz será una política de Estado y, en tal sentido, comprometerá a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento. Así mismo, los diferentes gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, en consecuencia, tendrá el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes”, señala el documento.
En este sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo y en los Planes de Desarrollo locales, se deberán fijar políticas que contribuyan al logro de la paz y al desarrollo social equitativo. Por su parte, en el ejecutivo se creará un “Gabinete de paz” en el que cada ministerio deberá definir las políticas públicas de paz que le corresponda.
Adicionalmente, esta iniciativa también contempla la posibilidad de que representantes autorizados por el Gobierno Nacional puedan adelantar diálogos y negociaciones con voceros de grupos armados al margen de la ley. Estos representantes podrán ser convocados al gabinete ya mencionado, y los acuerdos serán evaluados por el gobierno, además de ser verificados por instancias nacionales o internacionales.
Las zonas de ubicación temporal y las “regiones de paz”
Así mismo, aparte proponer la suspensión de las órdenes de captura y extradición que se hayan dictado o que se dicten contra miembros de grupos negociadores, también se establece “acordar con voceros o representantes de las organizaciones armadas, en un proceso de paz, su ubicación temporal, o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional, de considerarse conveniente”, establece el parágrafo 3 del artículo 8.
La creación de las llamadas “regiones de paz” también se contemplan en el proyecto, estas zonas podrán ser designadas por el presidente de la República para adelantar diálogos de paz. Además de tenerse en cuenta para su conformación las llamadas zonas PDET, también se tendrán en cuenta los municipios conocidos como Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC). Es decir, no solo serán zonas en las que se ejecuten proyectos de desarrollo, sino que podrán ser zonas de diálogo y negociación.
¿Y qué pasa con el servicio militar obligatorio?
Entre las modificaciones más sonadas se encuentra la creación del Servicio Social para la Paz, una alternativa al servicio militar obligatorio en la que durante 12 meses se recibirá la misma remuneración establecida en el servicio militar, pero se llevarán a cabo actividades de promoción para la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas; trabajo con víctimas del conflicto y promoción de sus derechos; servicios para la refrendación y cumplimiento de acuerdos de paz, promoción de la política pública de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización; y servicios de protección de la naturaleza y biodiversidad.
Los dineros de la paz irán a parar a un nuevo Fondo para la Paz
Los fondos para los programas de paz, protagonistas de escándalos de corrupción, también serán modificados por medio de la creación de lo que sería un “Fondo para la Paz” que integrará los tres fondos ya existentes (el Fondo de Programas Especiales para la Paz, el Fondo de Inversión para la Paz y el Fondo de Colombia en Paz).
“La oficina del Alto Comisionado para la Paz será la responsable de orientar, con base en las decisiones adoptadas por la presidencia de la República, y el Gabinete de Paz, la ejecución de los recursos de la cuenta, y las subcuentas”, reza el proyecto de ley.