El Consejo Gremial Nacional aseguró que están preocupados por la convocatoria del Gobierno Nacional para marchar este martes, 14 de febrero, por el respaldo de las reformas sociales, cuyo contenido aún se desconoce.
Por lo que, se hace un llamado al mandatario de la nación, «que tiene la obligación constitucional de simbolizar la unidad nacional y garantizar el acceso de la ciudadanía al contenido de dichos proyectos de ley, para que la ciudadanía, bajo sus propios juicios y opiniones, decida respaldarlas o no».
El Consejo Gremial hizo un llamado y mencionó que la ciudadanía y las instituciones democráticas tienen el derecho a conocer con el suficiente tiempo los textos propuestos por el Ejecutivo para poder evaluar los impactos sociales y económicos de dichas iniciativas.
Por otro lado, es un deber de los ciudadanos respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas, como lo es el Congreso de la República, para mantener la independencia y la integridad institucional.
Según el Consejo Gremial, las reformas que afecten a millones de colombianos se deben analizar en los espacios constitucionalmente definidos que permitan el sano debate con argumentos y cifras.
«Trasladar el debate a las calles, promoviendo la injerencia horizontal entre las ramas del poder público, pone en riesgo la institucionalidad, especialmente el ejercicio de las funciones constitucionales del Congreso de La República. Adicionalmente, genera riesgos de enfrentamientos e incluso de violencia y vandalismo entre la ciudadanía», mencionaron.
En lo que va del 2023 se han presentado alrededor de 121 bloqueos en 20 departamentos de Colombia, los cuales han generado una parálisis en la movilidad de aproximadamente 2.121 horas, afectando la productividad y la competitividad del país, generando pérdidas millonarias a la economía e impactos inflacionarios que termina asumiendo la ciudadanía.
El Consejo Gremial Nacional hace un llamado al Gobierno «a utilizar los canales institucionales para que, en el marco de la Constitución y la Ley, se garantice un debate democrático, informado y participativo en el Congreso de la República, respetando la separación de poderes y los pilares del sistema democrático».