La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, delegó a la Dirección Nacional de Investigaciones (DNIE) a iniciar actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en el inventario de los bienes a la sede en Bogotá de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por la administración de los bienes incautados por la mafia y organizaciones criminales.
La DNIE abrió una indagación contra funcionarios por determinar de esa entidad y llevó a cabo una inspección disciplinaria con un equipo técnico-científico e interdisciplinario en las instalaciones, contó con expertos en informática forense, grafólogos e investigadores, con el objetivo de esclarecer si existen casos de corrupción e inconsistencias al interior de la SAE.
La procuraduría encontró que la entidad no tiene claridad sobre la vulnerabilidad y las inconsistencias en el sistema usado para el control del inventario de los bienes. Añadiendo a lo anterior, tampoco se esclarecen los criterios para la distribución que se realiza en el sistema a los particulares, donde en algunos casos administran los bienes.
La procuradora afirmó que se evidenciaron decenas de incumplimientos e inconvenientes en los compromisos suscritos con los particulares encargados de la administración de los bienes. “Ya que no existe un sistema de control y vigilancia de los contratos. Se identificaron arrendamientos que pueden estar por debajo de la estimación mínima fijada por la misma SAE”, explicó Cabello Blanco.
Por otra parte, la Fiscalía entregó un informe que detalla las propiedades ocupadas con fines de extinción del derecho de dominio desde que Francisco Barbosa asumió como Fiscal General de la Nación. 19.587 bienes que superan los 25.7 billones de pesos.
El ente acusador afirma que durante los últimos años se colocó en marcha una estrategia investigativa con el fin de poner en evidencia a los directamente responsables del manejo irregular de los bienes que estaban a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, ente predecesor a la SAE.
Barbosa afirma que hay 105 procesos activos en donde 66 están en indagación, de esos, 11 avanzan en investigación, 27 en etapa de juicio y en uno tuvo la terminación anticipada.
El Fiscal también aseguró que “Entre 2018 y 2022, han sido realizadas 29 imputaciones y 20 acusaciones, suscrito 4 preacuerdos, otorgado 5 principios de oportunidad y obtenido 6 condenas. En algo más de 31 meses se hicieron 17 imputaciones, radicado 16 escritos de acusación y se ha logrado 5 condenas, todas están ejecutoriadas”.