En la mañana de este viernes, Wilmer Salazar, superintendente de transporte, informó que las aplicaciones de movilidad Didi, Cabify y Beat, fueron sancionadas por facilitar el incumplimiento de las normas del sector de transporte.
La sanción total a las plataformas es de alrededor de 1.700 millones de pesos. Cada una de las compañías deberá pagar un monto de 574 millones de pesos.
Luego de 18 meses de investigación y la intervención de diez funcionarios y especialistas de supertransportes, plasmado en 3.728 folios, la entidad, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, encontró que las plataformas tecnológicas Beat, DiDi y Cabify, facilitaron la violación de la normatividad del sector, ya que los vehículos particulares no están habilitados para realizar actividades de servicio de transporte público.
Dicha situación habría conllevado la alteración de la debida prestación del servicio de transporte público, puesto que algunos de sus usuarios conductores desarrollan esta actividad sin cumplir con los requisitos de ley y sin tener las habilitaciones correspondientes.
El superintendente señaló que era de vital importancia aclarar que “esta Superintendencia no está en contra del uso de plataformas tecnológicas en las que se integre la demanda y la oferta de los servicios de transporte. Lo que no resulta posible es facilitar la violación de las normas del sector, pues el cumplimiento de la regulación es fundamental para resguardar derechos fundamentales como la salud, la vida e integridad, y además, derechos de orden económico, si se tiene en cuenta las serias incidencias que tiene el transporte en la competitividad del país”.
Por otro lado, el superintendente aseguró que las plataformas no solo deberán pagar la sanción monetaria, sino que también deberán realizar una serie de ajustes para su funcionamiento.
“Las compañías deben verificar que los servicios que están facilitando se cumplan acorde a la normatividad. Tienen una de dos: o facilitan servicios con prestadores que cumplan con la normatividad o se aseguran que los contratos de arrendamiento de vehículo, que es la figura que están utilizando, efectivamente se dé en la operación”, puntualizó el superintendente, Wilmer Salazar.
Por su parte, Angela María Orozco, ministra de transporte, aseguró que desde el gobierno nacional se ha trabajado para que la ciudadanía pueda usar medios de transportes con toda seguridad, “la legalidad en el transporte es lo primordial para una movilidad segura para todos los ciudadanos, y a ese objetivo le hemos apuntado (…) porque trabajamos para que los usuarios tengan la garantía de tomar vehículos habilitados y que cumplan con la normatividad vigente para nuestro sector”.
El caso llegó al ente de control luego de varias denuncias presentadas por los ciudadanos relacionadas con el presunto uso de herramientas, portales de contacto o plataformas tecnológicas para la prestación del servicio de transporte, según ellos ilegal, las cuales fueron radicadas en la entidad entre 2019 y 2020.
La superintendencia de transportes informó que también están realizando una investigación en contra de la plataforma Uber.