El 30 de enero, el presidente Gustavo Petro, y el exmandatario Andrés Pastrana se enfrentaron en una audiencia de conciliación en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, la querella, iniciada por Petro, acusa a Pastrana de difamación y calumnia, específicamente por insinuaciones sobre supuestos vínculos con el narcotráfico.
La denuncia, presentada formalmente el 11 de diciembre ante la Fiscalía, surgió a raíz de intercambios de acusaciones en plataformas digitales, la audiencia de conciliación, programada para el 30 de enero, se extendió por una hora y media sin llegar a un acuerdo entre ambas partes.
Durante la audiencia, Andrés Pastrana reafirmó sus declaraciones previas, destacando la importancia de la libertad de pensamiento y opinión en el ámbito político. “Es un caso histórico en Colombia. Es la primera vez que un presidente de la República denuncia a un expresidente por opinar, por hacer oposición”, señaló Pastrana.
Por su parte, Gustavo Petro expresó su compromiso con los principios democráticos y su rechazo a la violencia verbal, en un comunicado, defendió su gobierno y anunció que cualquier indemnización por daños morales se destinaría a una fundación con fines sociales.
La audiencia reveló la falta de acuerdo entre Petro y Pastrana, quienes no lograron conciliar, el presidente Petro, de resultar triunfante en el proceso judicial, ha anunciado que la indemnización por perjuicios morales se destinará a una obra social.
Cabe destacar que, según información compartida en redes sociales, la defensa de Petro solicitó el pago de 100 salarios mínimos legales vigentes (aproximadamente $130.000.000) como compensación económica por los perjuicios morales, la propuesta incluía destinar dicha suma a una fundación sin fines de lucro enfocada en programas sociales y la promoción de la paz y la justicia social en Colombia.
Concluida la audiencia sin acuerdo, el proceso penal continuará, y ambas partes presentarán sus pruebas ante las instancias judiciales pertinentes, la controversia entre Petro y Pastrana destaca la complejidad de la intersección entre la política, la libertad de expresión y el sistema judicial en Colombia.