La Federación Nacional de Jueces y Fiscales, por medio de un comunicado, rechazó las declaraciones que hizo la alcaldesa de Bogotá en su discurso cuando cuestionó las decisiones que toman los juzgados de control de garantías en casos de hurto; uno de los delitos que más afecta la tranquilidad de los ciudadanos.
Según Claudia López, la alcaldesa, recientemente la policía ha capturado 800 atracadores, pero el 80% han quedado en libertad. Se dirigió a la Rama Judicial afirmando que Bogotá y Colombia no van a tener seguridad mientras ellos sigan creyendo que robar es un deporte. “Que no merece cárcel y no merece sanción. La Constitución y las leyes son claras: robar es un delito y la reincidencia merece cárcel (…) que no merece cárcel y no merece sanción. La Constitución y las leyes son claras: robar es un delito y la reincidencia merece cárcel”, manifestó la funcionaria.
Después mencionó que la Constitución Política de Colombia es clara: “proteger la vida y los bienes y los bienes se afectan por robos y atracos. Eso debe tener cárcel y si hay duda legal, la Alcaldía radicó hace año y medio una ley para decir lo evidente: robar es un delito y debe tener cárcel”. Dejó claro la intención de hacer una cárcel restaurativa para que sea corta y eficaz, con segundas oportunidades, pero que tenía que tener justicia.
A esto, los jueces y fiscales respondieron que la opinión publicitada por la alcaldesa no constituye un ejercicio sano para el respeto de la intencionalidad y la autonomía de los poderes públicos. Precisaron que los jueces no son quienes construyen la Ley, por lo que “no determinamos las causales de libertad provisional y mucho menos establecemos los topes mínimos y máximos de pena”.
La Federación recalcó que el discurso de la alcaldesa era inaceptable e irrespetuoso con la función judicial. De igual forma, solicitaron a las autoridades no imponer opiniones distantes del interior de cada trámite judicial. “Y se invita a acudir al conocimiento legal y a la discusión en los escenarios propicios para afrontar las debilidades de la justicia, cuyas falencias dista de la rectitud de quienes administramos justicia en nombre de la República”.
“Finalmente, es importante recordar a la Dra. López, que la política criminal del Estado, la determinan los otros poderes públicos, y los jueces de garantías y demás funcionarios de la especialidad penal, solo estamos sometidos al imperio de la Ley, en el alcance y sentido lato que le ha dado la Corte Constitucional al canon 230 superior”, fue el último mensaje de la Federación.
Cabe destacar que este es el segundo enfrentamiento que han tenido las partes en un poco más de un año, el primero fue en septiembre de 2021, donde la alcaldesa afirmó que “si los jueces siguen sin tener un compromiso con la seguridad de Colombia no vamos a salir adelante como nación (…) si aquí la justicia no se pone del lado de la ciudadanía y no del lado de la impunidad, va a ser muy difícil recuperar la seguridad”, a lo que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, por medio de su presidente, especificó que las decisiones que ellos tomaban eran en derecho.