El senador Gustavo Bolívar fue uno de los primeros en mostrar su rechazo, luego de que el ministro del Interior, Alfonso Prada, reveló que se habían retirado dos artículos calificados como «micos» de la Ley 18, que se incluye dentro del marco legal para la «paz total».
Bolívar se pronunció este lunes por la mañana, anunciando que propondrá otro artículo para continuar con la liberación de los jóvenes del frente que fueron encarcelados como parte del paro nacional del año pasado. El congresista también aclaró que este objetivo fue una promesa hecha por el presidente Petro durante su campaña, que se confirmó incluso el día en que ganó las elecciones.
En este nuevo artículo propuesto por Gustavo Bolívar se propone que el Presidente de la República pueda «designar como promotores de paz, convivencia y participación ciudadana a personas que se encuentran privadas de la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social».
Adicionalmente, él mencionó lo siguiente: «No estoy de acuerdo con el retiro de los artículos que buscan la libertad de las personas que participaron en el estallido social, muchas de ellas detenidas injustamente. Sé que se buscará el indulto en una ley aparte, pero indigna que partidos que presionaron esto tienen corruptos en sus filas que han gozado de impunidad toda la vida. Y que los partidos de oposición que se aterran con el indulto a jóvenes de PL, sean los causantes del estallido social que los movilizó», aclaro esto para reafirmar su negación con la eliminación de los artículos y la necesidad de crear uno nuevo.
Uno de los artículos retirados fue el artículo 17 del capítulo IV del proyecto de ley que establecía: “Facultase al presidente de la República para que, en el marco de la política de Paz Total, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social”.
El segundo le brindaba al presidente la autoridad para establecer y celebrar acuerdos parciales con estructuras criminales apolíticas a través de órdenes ejecutivas sin la aprobación del Congreso.