Entre enero de 2015 y julio de 2022 se cometieron 2.060 suicidios de niñas, niños y adolescentes, esto según un informe entregado por la Alianza por la Niñez Colombiana, World Vision Colombia y la Defensoría del Pueblo, quienes se basaron en cifras publicadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) y el Instituto Nacional de Salud – INS, a través del SIVIGILA.
Esta enorme cifra estaría indicando un problema en la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país. A esto se le suma la pandemia, la cual afectó la salud mental de nuestra población joven, donde se estableció que el año 2019 reportó la mayor cantidad de casos de suicidio con un total de 290.
“Lo que nos deja ver este informe, es que se requiere con urgencia una atención de manera intersectorial, no es suficiente el trabajo desde el sector salud si este no se articula con lo que sucede al interior de las familias, las escuelas y los otros entornos donde se desarrollan las niñas y los niños. El análisis que realizamos también nos permite identificar que es clave trabajar en la forma en la que se están reportando los datos y las variables que se trabajan desde el IMLCF y el INS”, dijo Angélica Cuenca Gómez, secretaria ejecutiva de Alianza por la Niñez Colombiana.
Es alarmante determinar que en lo corrido del 2022 el 11% (179) de los casos reportados son entre los 6 y 17 años de edad.
“Esto de por sí ya es grave y tenemos que actuar rápido porque se estima que, si la tendencia continúa por los próximos meses, el 2022 podría tener la cifra más alta de casos registrados en los últimos 7 años, llegando a 332 suicidios aproximadamente, lo que resulta preocupante para la garantía integral de los derechos de los niños”, pronunció Carlos Camargo, Defensor del Pueblo.
Además, según registros de SIVIGILA, entre los años 2019 y 2020 se presentaron 17.211 intentos de suicidio en menores de 18 años, de los cuales el 74% (12.733) corresponden a niñas y adolescentes y el 26% (4.478) a niños y adolescentes.
Pese a la existencia de la Ley de Salud Mental 1616 de 2013, la cual busca garantizar el ejercicio pleno de derechos a la salud mental y darle prioridad a niñas, niños y adolescentes mediante promoción de la salud y prevención del trastorno mental, existe una necesidad de implementar programas educativos en torno a la salud mental en las instituciones educativas si se quiere reducir el índice de suicidios en el país.