El pasado jueves 30 de noviembre, El Tribunal Supremo ruso prohibió el movimiento LGBTIQ en un fallo que ha generado preocupación de parte de la población y de organizaciones internacionales.
El fallo se llevó a cabo, debido a una demanda que vino del Ministerio de Justicia, alegando “indicios y manifestaciones de orientación extremista, incluida la incitación a la discordia social y religiosa».
Después de cuatro horas de audiencia, en la que no participó ninguna persona que perteneciera a la comunidad LGBTIQ; se prohibió cualquiera de sus actividades en todo el país y con ello, la propaganda, la publicidad, el generar interés y animar a integrar las filas del movimiento LGBTIQ.
Frente a esta situación se pronunció Sergei Troshin, diputado municipal en San Petersburgo, quien hace parte de la comunidad LGBTIQ.
«Esto es una represión real. Hay pánico en la comunidad LGBT de Rusia. La gente está emigrando con urgencia. La palabra real que estamos utilizando es evacuación. Estamos teniendo que salir de nuestro propio país. Es terrible», lamentó Troshin.
También se pronunció Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; quien advirtió que “Tal decisión condena a defensores de derechos humanos y a cualquier persona que defienda la causa del colectivo LGBT a ser etiquetados como extremistas, algo que les puede costar graves consecuencias sociales y penales en Rusia”.
Para las autoridades rusas, el activismo LGBTIQ es algo inherentemente occidental y que es hostil a las costumbres de Rusia y la presión que ejercen sobre la comunidad la presentan como un medio para defender la estructura moral del país. Pues, desde que Vladímir Putin gobierna Rusia, se han esmerado en mostrar a Rusia como un estado que respeta los “valores familiares tradicionales».